Gustavo Durán, interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), no tomó parte de sus vacaciones correspondientes a los períodos 2012, 2013 y 2014. Por eso, el funcionario y la sub-interventora de la repartición, Noemí Margarita Ferroli, iniciaron los trámites para el cobro de ese beneficio, debido al descanso no gozado.
Pero el legislador radical Ariel García, vicepresidente segundo de la Legislatura, puso la lupa sobre ese trámite (consta en el expediente N° 13.663/440/2015). Según advirtió el opositor, la suma que correspondería a ambos funcionarios por las vacaciones no tomadas superaría en total los $ 800.000. Por eso, elevó un pedido de informes mediante la comisión de Obras Públicas, Servicios, Vivienda y Transporte de la Cámara para que la Casa de Gobierno brinde explicaciones sobre ese proceso administrativo. “El informe deberá contener el desglose de la suma reclamada, a los fines de determinar si se corresponde con el sueldo percibido por el interventor del Ipvdu, ya que la suma pretendida aparece, prima facie, como muy exagerada”, detalló el radical.
El texto fue remitido al ministro de Economía, Eduardo Garvich, para que dé las explicaciones del caso. Más allá del planteo, el trámite para el cobro de las vacaciones de Durán y de Ferroni figura también en la web del Tribunal de Cuentas (acuerdo N° 4.904, del 23 de diciembre pasado). Según consta en ese documento, el Ipvdu solicitó el expediente para agregar documentación sobre el pago. No indica qué porcentaje del total de $ 800.000 le corresponde a cada funcionario.